Ayer lunes, las organizaciones Access Info Europe y Civio nos reunimos con el equipo que integra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para conocer de primera mano su hoja de ruta, compartir diagnósticos sobre el estado actual del acceso a la información pública y ofrecer nuestra colaboración en el proceso de aplicación de la ley de transparencia.

Por parte de este nuevo organismo estuvieron presentes su presidenta, Ester Arizmendi, Javier Amorós (subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno), Esperanza Zambrano (subdirectora general de Reclamaciones) y Petra Fernández (jefa de gabinete de la presidenta).

El reglamento de aplicación de la ley

Ambas organizaciones hemos preguntado por el estado en que se encuentra el reglamento de aplicación de la ley de transparencia. Actualmente, el Ministerio de Presidencia está ultimando un borrador que después recibirá recomendaciones del Consejo de Transparencia y de otros órganos, como el Consejo de Estado. Hemos recordado que existen algunos aspectos de la ley susceptibles de ser mejorados en este reglamento. Por ejemplo, la necesidad de definir de forma precisa qué es un “informe interno” (calificación que excluiría un documento del ámbito de aplicación de la ley). También hemos recomendado que se utilice un lenguaje más llano y comprensible, más común y menos administrativo, para facilitar el proceso de solicitar información.

Arizmendi y su equipo explicaron además que tanto las resoluciones del propio organismo como sus actas, y también la memoria anual completa, serán accesibles públicamente. La ley solo obliga a publicar un resumen ejecutivo de esta memoria, que el Consejo debe presentar una vez al año ante el Congreso de los Diputados.

Hacer más sencillo el acceso a la información

El Consejo de la Transparencia comparte con nosotros la inquietud de que un proceso excesivamente complejo para solicitar información disuada a muchos potenciales solicitantes. El propio plan estratégico 2015-2016 hace referencia a la necesidad de simplificar el proceso de acceder a la información, y el equipo de Arizmendi está recabando ideas para ello.

Sobre la implantación técnica de la ley, una de sus recomendaciones podría ser sugerir que el solicitante pueda pedir información sin necesidad de identificarse electrónicamente, y restringir este sistema, que desde Access Info y Civio hemos criticado, únicamente a dos procedimientos más formales y que exigen mayor seguridad: para las reclamaciones (tras un silencio, una denegación de información o una respuesta considerada inadecuada) y para las denuncias (ante infracciones relativas a Buen Gobierno). El equipo de Arizmendi estaría valorando sugerir mejoras en el reglamento en esa dirección.

Una opción que el Consejo de la Transparencia también valora, si persiste la obligación del solicitante de identificarse electrónicamente, es suscribir un convenio entre el Consejo y las autoridades Certificadores (con CERES). Así, si un solicitante acude por primera vez a interponer un recurso, contaría con la asistencia de un funcionario de la unidad de información y obtendría en el momento un certificado electrónico personal que podría usar en adelante para otros procedimientos.

Según nos informaron, ya se ha llevado a cabo formación con funcionarios que integrarán las llamadas unidades de información, y el propio Consejo podría también llegar a contar con una. Pronto estarán listos también los modelos oficiales para interponer reclamaciones en caso de silencio o denegación de información. Una de sus propuestas para facilitar el envío de solicitudes a través de portal consiste en video-tutoriales que acompañen al solicitante paso por paso a lo largo del proceso.

Voluntad de colaboración permanente con la sociedad civil

La intención del Consejo de Transparencia, que recoge también en su plan estratégico 2015-2016, es establecer un foro permanente y estable de interlocución, coordinación y aprendizaje con las universidades y sociedad civil. El equipo de Ester Arizmendi manifestó su voluntad de trabajar cerca del ciudadano. También sugiere una colaboración estrecha con ayuntamientos que, obligados a aplicar la ley a partir de diciembre de 2015, necesiten la guía o las referencias necesarias para hacerlo de forma más fácil.

Arizmendi y su equipo se encuentran por el momento centrados en articular una estructura estable de trabajo y fijar sus propios procedimientos. Nos trasladaron una muy buena disposición para conocer la experiencia de organizaciones de la sociedad civil y compartir este proceso. Y también ilusión y ganas de ponerse en marcha.