El pasado martes mantuvimos una reunión informativa en el Ministerio de Presidencia con varios miembros del equipo de la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información, que gestiona el portal www.transparencia.gob.es y la coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado. En el encuentro estuvieron presentes María Victoria Figueroa (subdirectora de esta oficina), Gloria Martínez Herranz (su coordinadora) y José Carreras. Por parte de Civio, asistieron Jacobo Elosua (presidente), David Cabo (director) y Eva Belmonte (responsable de proyectos).

El encuentro sirvió como una primera toma de contacto con quienes gestionan a diario los mecanismos de aplicación de la Ley de Transparencia. Tuvimos la oportunidad de comentar algunas inquietudes relativas al Portal de Transparencia durante sus primeros cincos meses de funcionamiento, explicar nuestro papel como organización promotora y fiscalizadora de medidas de transparencia desde la sociedad civil y de reiterar nuestra disposición a colaborar activamente en la apertura de más información pública.

Simplificar el acceso a la información desde el Portal de Transparencia

Planteamos la inquietud que nos causa el sistema de identificación electrónica obligatoria, una barrera técnica que dificulta la solicitud de información y que, como comparte la Defensora del Pueblo, puede tener un efecto disuasorio en los ciudadanos. Nuestra principal recomendación -que cualquier ciudadano pueda pedir información por el canal más sencillo posible, el correo electrónico- resultó descartada de partida.

Respecto a la limitación del portal que impide actualmente solicitar información a personas jurídicas, como empresas y organizaciones, con su certificado digital, nos confirmaron que están cerca de resolverlo, que el portal pronto podrá aceptar firmas electrónicas de estas entidades. Otras incidencias de carácter técnico, como errores en el portal al intentar descargar algunas respuestas recibidas o que el sistema solo permitiese a las unidades de información responder con documentos generados en formato .pdf , ya han sido resueltas.

Para que la información abierta por las administraciones, tanto la publicada proactivamente como la obtenida mediante el derecho de acceso, sea más fácilmente comprensible, también nos mostramos dispuestos a aportar unos textos explicativos que hagan más accesible el complicado lenguaje administrativo que ahora se emplea durante el proceso de solicitar información.

Reglamentar bien la ley para reducir la arbitrariedad

Desde hace pocas semanas hemos apreciado que el solicitante recibe dos notificaciones cuando inicia el proceso de pedir información: un acuse de recibo el día en el que realiza la petición, y otro cuando ésta llega a la persona competente para responder. Es un matiz muy importante porque el mes de plazo que tienen las administraciones para contestar comienza a partir del segundo acuse de recibo, no a partir del momento en que se envía la solicitud. Y el segundo acuse de recibo, el que cuenta, no se ha introducido hasta muy recientemente.

La ley indica que el plazo empieza a contar desde la recepción de la pregunta por el “órgano competente para resolver”. Sin embargo, como eso no se recuerda claramente a lo largo del proceso, y tampoco se establece un tiempo máximo de garantía entre que se realiza la solicitud y ésta llega al órgano competente, podemos acabar encontrándonos con preguntas que se resuelven a los dos meses.

El problema es la arbitrariedad extra que añade el hecho de que ese lapso de más no está delimitado. Desde la Oficina de la Transparencia nos aseguraron que están trabajando para no dejar solicitudes en el limbo y que el proceso sea eficiente. Nosotros insistimos en que esta situación debería ser clarificada en el reglamento de aplicación de la ley, que aún no se ha hecho público. Un reglamento que debe poner coto a esta y otras arbitrariedades.

Evaluación externa de las medidas de transparencia

Durante el encuentro, también solicitamos la colaboración de la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información para poder evaluar externamente el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Creemos que la sociedad civil debe tener un papel activo en esa labor permanente de evaluación de las políticas de transparencia, y solicitamos acceso a las estadísticas completas de uso de portal para poder ejercerlo.

Como el reglamento aún no es público, tampoco conocemos con ninguna precisión los criterios que se van a seguir para publicar en el portal aquella información que sea más solicitada por los ciudadanos, como incluye la ley. Respecto a facilitar la información en formatos amigables, accesibles y abiertos, la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información nos explicó que están empleando este tipo de formatos cuando así lo reclama el solicitante. Por eso resulta importante que el solicitante especifique en qué formatos desea la respuesta.

En Civio nos gustaría que, con la misma filosofía que aplicamos en Tuderechoasaber.es, todas las preguntas y todas las respuestas fueran, tras ser previamente anonimizadas, de conocimiento público. El propósito es poder preservar los beneficios de inteligencia colectiva y de eficiencia (reduciendo, por ejemplo el número de solicitudes redundantes). Esta buena práctica se aplica ya en Reino Unido. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia cuenta con un “disclosure log” (registro de revelaciones) en el que cualquier ciudadano puede consultar las solicitudes respondidas, y divididas por temas (su gestión presupuestaria y administrativa, sobre actividad judicial y tribunales, sobre prisiones y el régimen de libertad condicional y otros asuntos).

La Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información agradeció amablemente estas aportaciones. Los mecanismos de transparencia y el cambio cultural que suponen se encuentran aún en sus primeros pasos, explicaron. Desde Civio, reiteramos nuestra disposición activa y constante a cooperar para que estas y otras recomendaciones y buenos usos se pongan en práctica.