El Gobierno incluye reuniones con los grandes contribuyentes en su lista de mejoras en participación ciudadana

Por Publicado el October 27, 2015 0 Comentarios

Si algo hemos aprendido en Civio en todos estos años es que las palabras transparencia, participación y rendición de cuentas tienen significados muy distintos dependiendo de quien las pronuncie. Para el Gobierno, participación es poner en marcha un foro de la Agencia Tributaria en el que dialogar con los grandes contribuyentes. O recibir 2.500 sugerencias para la CORA, sin especificar cómo y en qué puntos se tuvieron en cuenta y sin publicar el texto final completo. O sumar una tras otra cuentas de Twitter que, como pasa con la del propio Portal de Transparencia, solo en escasísimas ocasiones, por no decir nunca, responde a algún usuario. Es unidireccional.

Todos estos avances en participación son los que el Gobierno lista en su autoevaluación intermedia del Plan de Acción 2014-2015 de la OGP (Open Government Partnership), una organización internacional a la que España se sumó en 2011 y en la que los países participantes se comprometen a emprender mejoras hacia gobiernos mas abiertos, participativos y transparentes. Desde Civio, como hicimos con el plan inicial, hemos enviado nuestros comentarios al Gobierno. Pero no queremos que quede en una conversación entre dos.

Algo similar a lo que pasa con ‘participación’ ocurre con el concepto ‘rendición de cuentas’, una filosofía que, según la propia evaluación, tiene una “larga tradición” en España, que ha mejorado, argumentan, gracias a reformas como la ley de deuda comercial o la de factura electrónica, que permite controlar que los pagos a proveedores se hagan a tiempo. En Civio seguimos buscando el vínculo de estas políticas con la rendición de cuentas. Hasta en las esquinas. Pero no hay manera.

En otras ocasiones, aunque el vínculo con los preceptos que marca el OGP pueda existir, la evaluación contiene afirmaciones que no están sustentadas -al menos en el propio documento- en datos. Por ejemplo: aseguran que han llevado a cabo una “agilización de los procesos judiciales en casos de corrupción, permitiendo acelerar el enjuiciamiento” o realizan afirmaciones tan contundentes como esta: “La iniciativa Aporta ha contribuido a que la cifra de negocio del sector infomediario generada por la reutilización de la información del sector público hay evolucionado entre los años 2012 y 2014 de manera positiva, consolidándose en un contexto económico general de crisis”.

Además, el documento hace balance de la situación del portal de Transparencia, del que dice que contiene “un potente buscador”: hasta septiembre 2015 se han realizado 2.850 consultas por derecho de acceso (94% de ellas han sido resueltas) y el silencio administrativo es del 1,2%.

Entre los avances que sí nos parecen significativos y ajustados a los objetivos del OGP es la mejora de la Base de Datos de Subvenciones, que poco a poco va añadiendo información relevante y agrupada para facilitar búsquedas a cualquier ciudadano. Entre todos estos puntos nos hemos encontrado con uno que nos ha hecho especial ilusión, porque desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia hemos criticado las barreras existentes: aseguran que se va a implantar otro sistema de identificación más sencillo para ejercer el derecho de acceso y que van a llevar a cabo, como marca la ley, la publicación de las consultas más frecuentes. Esta buena nueva nos abre nuevos interrogantes: ¿Cuándo se va a poner en marcha? ¿Cómo? Los hemos trasladado al Gobierno. Como también nuestra voluntad de ayudar en todo lo que sea posible para que el derecho de acceso deje de ser, de una vez por todas, una carrera de obstáculos.

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