La Open Knowledge y CIVICUS DataShift han publicado un informe titulado “Changing What Counts: How Can Citizen-Generated and Civil Society Data Be Used as an Advocacy Tool to Change Official Data Collection?” que recoge siete iniciativas de ciudadanos y de organizaciones que han logrado influir sobre las políticas de datos y de gestión de la información de los poderes públicos en distintos países.

Las experiencias recogidas por Jonathan Gray, Danny Lämmerhirt y Liliana Bounegru en este informe describen iniciativas de recolección de datos por parte de ciudadanos y de organizaciones sociales en ámbitos como el acceso al agua en Malawi, el número de muertes contabilizadas en torno al fenómeno migratorio o datos de la contaminación causada por el fracking en Estados Unidos. Como señala el informe, su propósito es lograr que los sistemas públicos de información y apertura de datos tengan más presentes los intereses, prioridades y preocupaciones de la sociedad civil.

El informe también describe el caso de El Indultómetro en España, un proyecto desarrollado por Civio y del programador Juan Elosua a comienzos del 2013. Las páginas dedicadas a esta iniciativa repasan cómo, ante la ausencia de datos oficiales, recurrimos a técnicas de extracción automática de información para conformar una base de datos completa y sin precedentes con todos los indultos publicados en el BOE desde 1996.

“Una base de datos generada por la sociedad civil -en este caso, a través del scrapping y agregando información de fuentes oficiales- ha sido utilizada con éxito como herramienta de incidencia pública para obtener un reconocimiento institucional de la falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a los perdones oficiales. Información oficial dispersa fue transformada en un recurso útil para la incidencia social y el periodismo de investigación, y para dar visibilidad a un problema”, explican los autores de este estudio. “Una serie de controversias y el aumento del escrutinio público tras conocer los datos llevó a los políticos a adoptar una postura más rígida hacia los indultos. “Civio verificó que el número de indultos descendió desde unos 500 casos al año hasta 87 en el año 2014”. Y hasta 75 en 2015.

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