El proyecto de Ley de #Transparencia de la Comunidad de Madrid sitúa al Ejecutivo como juez y parte en su vigilancia y régimen sancionador

Por Publicado el April 15, 2016 0 Comentarios

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica el proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación y Transparencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se abre así el plazo de enmiendas. En la Fundación Civio hemos analizado este proyecto y compartido nuestra valoración con los grupos representados en la Asamblea de Madrid que lo debatirán en el pleno.

Sobre este proyecto, consideramos positivos los pasos iniciados para regular las actividades de grupos de interés y también el establecimiento de un régimen sancionador. Ambos aspectos conllevan mejoras sobre la Ley de Transparencia nacional, que entró en vigor en diciembre de 2014. No obstante, el proyecto presenta importantes taras que Civio recomienda enmendar.

La principal, que nace dando la espalda a contar con un organismo regulador independiente de la transparencia en la Comunidad de Madrid. El proyecto del Consejo de Gobierno de Cristina Cifuentes reparte las competencias que corresponderían este organismo (la vigilancia del cumplimiento de la ley, su evaluación, la instrucción e imposición de sanciones o la gestión de recursos de derecho de acceso) entre cinco autoridades departamentales distintas, todas ellas dependientes del ejecutivo madrileño. Así, el gobierno de la Comunidad de Madrid se propone como evaluador, guía, juez y parte, algo considerado inadmisible según los estándares internacionales de transparencia.

Sobre el procedimiento para ejercer el derecho de acceso, que debe ser lo más claro y sencillo posible, en el texto se desarrolla en menos de una página. No detalla cómo solicitar información, ni los plazos previstos para recibir respuesta ni cómo recurrir, lo que generaría un alto grado de inseguridad jurídica y abre la puerta a infinidad de incumplimientos en el futuro.

También consideramos importante ampliar las obligaciones de publicidad activa, que en algunos casos quedan por debajo de los parámetros de la Ley de Transparencia nacional. También recomendamos establecer la obligatoriedad de estar inscrito en el registro de grupos de interés para acceder a reuniones con cargos públicos de la Comunidad de Madrid. El texto propone actualmente que el registro sea voluntario.

Una ley de transparencia no puede nacer de otra forma que a través de un proceso participativo en el que entidades sociales y ciudadanos aporten sus valoraciones, prioridades y conocimiento especializado. Por eso valoramos también de forma negativa que el Consejo de Gobierno apruebe este proyecto y lo someta al pleno sin haber convocado una consulta pública, participativa y sin involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía en el proceso. En el terreno de la participación, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cola de la mayoría de las autonomías que han legislado recientemente sobre este aspecto.

Esta es la valoración pormenorizada que hemos compartido con todos los grupos representados en la Asamblea de Madrid. Deseamos que contribuya a mejorar algunos aspectos de este proyecto normativo. Desde la Fundación Civio nos ponemos a disposición de la Comunidad de Madrid, del ejecutivo y de todos los grupos representados en la Asamblea de Madrid para ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que los madrileños cuenten con la mejor normativa de transparencia posible.

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