La reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública, tramitada de urgencia y sin pasar por el pleno del Congreso

Por Publicado el November 29, 2016 3 Comentarios
  • La Mesa del Congreso ha aprobado hoy la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos
  • Una norma tan importante y compleja debería pasar por el pleno y debatirse en profundidad entre todos los grupos y con la participación de la sociedad civil

La Mesa del Congreso ha aprobado hoy la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, la reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública pasará, después de un año y medio de retraso en su aplicación, de forma exprés por las cámaras y sin el imprescindible debate en pleno.

La Fundación Civio se declara totalmente de acuerdo con que la trasposición de la directiva europea, que debía haberse producido antes de abril de 2016, es urgente. En abril de 2017 finaliza el plazo para enviar los primeros informes de su aplicación a Europa, una fecha que previsiblemente España tampoco cumplirá. Sin embargo, la urgencia y necesidad de estas medidas no justifican que se ignore la necesidad de un debate y una reflexión profundos, que permitan aprovechar esta oportunidad para aprobar una reforma que frene el constante goteo de casos de corrupción vinculados a la contratación pública. Civio considera que esta ley no puede aprobarse sin apenas cambios ni pasar sin pena ni gloria por Las Cortes.

El viernes 25 de noviembre se aprobaron dos proyectos de ley en Consejo de Ministros afectados por la directiva europea pero, hasta el momento de la emisión de este comunicado, ninguno de estos textos se ha hecho público. La Fundación Civio recuerda que, de nuevo, el Gobierno anuncia medidas adoptadas sin proporcionar a la opinión pública el texto completo de las mismas, una dinámica que consideramos como publicidad de la acción de gobierno y no como auténtica rendición de cuentas.

Para matizar esa publicidad, desde la Fundación Civio queremos aclarar dos puntos:

  • La reforma planteada por Europa mejora algunos aspectos vinculados con la transparencia de la contratación pública, como el veto a los negociados solo por motivos de precio. Pero es importante matizar que esas medidas de mejora vienen determinadas obligadamente por Bruselas, y no por el Gobierno de España. Además, el texto que se propuso como anteproyecto no aprovecha la oportunidad para incluir mejoras claras en la norma más allá de lo obligado por las directivas europeas: las últimas grandes reformas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) han venido una vez más marcadas por Europa. La Fundación Civio lamenta esta oportunidad perdida de reformar, de forma consensuada y tras un debate profundo, un sector clave para la lucha contra la corrupción. Es un error.
  • El retraso en la aplicación de esta reforma no se debe únicamente al año que España ha pasado con un gobierno en funciones. Las directivas europeas se aprobaron en febrero de 2014. En abril de 2015, el Gobierno presentó el borrador del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público a un periodo de observaciones, que se cerró en mayo de ese mismo año. Desde entonces, y hasta que el Gobierno pasó a estar en funciones (siete meses después), no se anunciaron avances en la aprobación de esta normativa: ni pasó por Consejo de Ministros para convertirse en proyecto de ley y ni mucho menos llegó a debatirse en Las Cortes para su aprobación. Y ahora se tramita de urgencia.

La Ley de Contratos del Sector Público es norma muy compleja, que lleva año y medio parada y de la que los ciudadanos aún desconocemos qué aportaciones al anteproyecto se han incluido y cuáles no: a día de hoy, no contamos con el proyecto de ley. Civio considera imprescindibles estas mejoras, sobre todo en aspectos clave como poner límite al uso masivo del procedimiento negociado o la inclusión de determinadas obligaciones a los partidos políticos en materia de contratación. No obstante, insistimos en la necesidad de un debate parlamentario. Una reforma exprés en comisión no es suficiente.

Por estos motivos, desde la Fundación Civio reclamamos que se traslade el debate al pleno y que se permita un debate amplio, en el que la sociedad civil pueda participar y donde todos los grupos tengan tiempo para analizar a fondo el proyecto de ley y para presentar enmiendas que permitan conseguir el mejor texto posible de una ley clave.

En Civio hemos analizado a fondo las directivas, el anteproyecto que se presentó hace año y medio y la última proposición de ley del PP sobre este asunto, y haremos lo mismo con el texto del proyecto. Queremos trasladar a todos los partidos nuestras propuestas de mejora, basadas principalmente en dos puntos, y que ampliaremos una vez hayamos analizado a fondo el proyecto de ley:

  • CONTROL Y VIGILANCIA: es imprescindible que exista un organismo independiente y con capacidad sancionadora, que no dependa de un ministerio, que vigile la contratación pública de forma avanzada, sistemática y con los medios suficientes para ejercer esta importante tarea. Además, ese organismo debe permitir denuncias de cualquier ciudadano, incluso anónimas, que ayuden a investigar irregularidades. No podemos depender solo de que sean las propias empresas que participan en esos procesos de contratación las que denuncien irregularidades para destapar casos de corrupción, como ha pasado en muchos casos hasta la fecha.
  • TRANSPARENCIA EFECTIVA ORIENTADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS: la trasposición es tibia en cuanto a las necesidades de transparencia. Es imprescindible que aprovechemos esta reforma para que la transparencia de la contratación no se limite a las posibles empresas participantes, a permitir la concurrencia, sino que se transforme en una auténtica rendición de cuentas ante los ciudadanos que incluya publicidad efectiva sobre todo el proceso (composición de las mesas de adjudicación, actas completas, ofertas de los participantes, participación de las empresas en cada UTE…) sin aplicar trabas basadas en intereses comerciales a bloques enteros de información. Y esa información debe estar en, unificada en una única web y estar disponible de forma permanente. La transparencia y el escrutinio público no pueden tener fecha de caducidad.

La Fundación Civio demanda, en suma, un debate serio, basado en datos y en hechos probados, con la importancia que esta reforma se merece. Y no un procedimiento urgente y sigiloso. Deseamos poder analizar el documento a fondo y que la oposición también pueda tener esa oportunidad.

En definitiva, queremos participar.

 

Más información:

Las tres directivas vinculadas a la contratación pública se aprobaron el 26 de febrero de 2014 y aparecieron en el boletín de la Unión Europea del 28 de marzo de ese mismo año. Dos de ellas (la 2014/24/UE sobre contratación pública y la 2014/23/UE sobre contratos de concesión) son las que debería trasponer la reforma de la ley de Contratos del sector público. La tercera es la 2014/25/UE sobre contratos en sectores de agua, energía, transportes y servicios postales, que se aplicará en una ley propia, cuyo proyecto está siguiendo el mismo proceso en el Congreso.

SOBRE LA FUNDACIÓN CIVIO:

La Fundación Ciudadana Civio (www.civio.es) es una organización sin ánimo de lucro que pone el potencial de las nuevas tecnologías al servicio de la transparencia, el acceso a la información y de una ciudadanía activa.

Combinamos herramientas informáticas y de Internet con periodismo de datos para crear proyectos cívicos innovadores que facilitan el acceso a la información pública a ciudadanos, medios de comunicación y todo tipo de organizaciones. Entre ellos Tuderechoasaber.es¿Dónde van mis impuestos?El IndultómetroEl BOE nuestro de cada díaQuién MandaMedicamentaliay ¿Quién cobra la obra?

 

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