Sanidad se abre por primera vez a revelar el precio de medicamentos que Civio reclama desde 2019

Llevamos muchos años peleando, también en los tribunales, para que el precio real que las administraciones pagan por los medicamentos sea público. Hoy, por fin, podemos contarte una buena noticia: el Ministerio de Sanidad promete que va a dejar de oponerse a esa transparencia. Y es que el precio real y las condiciones de financiación por nuevas terapias, que pueden llegar a alcanzar o superar el millón de euros por paciente, se negocian de forma opaca entre el Gobierno y la industria farmacéutica y son auténticos secretos de Estado. Tras más de cinco años liderando una lucha desigual para que cualquiera pueda conocer esa información, los laboratorios podrían quedarse cada vez más solos en el lado de la opacidad.

Como informa hoy eldiario.es, el Ministerio de Sanidad ha manifestado un cambio de postura y, por primera vez, se declara dispuesto a hacer público el coste real de dos medicamentos para el sistema público de salud. Se trata de Yescarta, un tratamiento de Gilead contra dos tipos de cáncer de la sangre (linfomas) cuyo coste Civio pugna por conocer desde 2019, y Veklury, un antiviral del mismo laboratorio que persigue la campaña No Es Sano. Pero estos no son los únicos frentes judiciales abiertos en los que, durante todos estos años, Sanidad se ha puesto del lado de las farmacéuticas: aquí puedes consultar todos nuestros juicios.

Fuentes del Ministerio han declarado a ese medio que “no podemos seguir dilatando el caso y que hay que dar pasos adelante en esta materia […] En cuanto se nos notifique que lo hagamos, enviaremos los datos pertinentes”, señalan. Desde Civio consideramos una buena noticia este cambio de postura, y estaremos muy atentos a los detalles (cómo, cuándo y qué se publica), más allá de esta promesa.

Que, por primera vez, el Gobierno no se ponga del lado de las farmacéuticas, sino del lado de quienes queremos que haya transparencia sobre cuánto se está pagando por medicamentos tan caros es un giro muy relevante. Pero pensamos que el ministerio debe revelar además las condiciones específicas de financiación de cada uno de los fármacos y retirarse del resto de procedimientos judiciales abiertos. Por ejemplo, el de Luxtura, en el que Civio se enfrenta a la oposición de Sanidad y Novartis.

Cinco años persiguiendo avances en transparencia

En Civio estamos convencidos de que, por este oscurantismo los países y sus sistemas públicos negocian a ciegas y peor con los laboratorios. Desde 2015 Civio ha sido pionero en arrojar luz sobre esto de dos formas: localizando contratos públicos de hospitales y administraciones donde se colaba el precio real de un fármaco, y usando la Ley del Medicamento y la Ley de Transparencia, llegando a juicio si hacía falta.

Cuando un fármaco va a ser financiado por el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad debe dictar una resolución detallando el coste real y las condiciones acordadas en secreto. Desde 2019 pedimos a Sanidad todas las resoluciones que ha emitido para costear tratamientos carísimos dentro de la sanidad pública. Así lo hicimos con las terapias CAR-T (Kymriah y Yescarta), destinadas a tratar distintos tipos de cáncer, cuyo precio tope supera los 300.000 euros. Luego repetimos con Luxturna, un fármaco contra la pérdida de visión, que presenta un coste máximo cercano a los 700.000 euros. Y después con Zolgensma, el tratamiento que sirve para una enfermedad neuromuscular degenerativa y cuyo precio máximo ronda los dos millones de euros por paciente. Muchas luchas durante muchos años con un mismo resultado, al menos hasta ahora: siempre hemos recibido un portazo como respuesta.

A la espera de cómo se materialice -si lo hace- este compromiso, desde Civio vamos a seguir adelante en todos estos procesos, cueste lo que cueste, llegando al Tribunal Supremo si hace falta, para conocer en detalle no sólo el precio, sino también las condiciones de financiación acordadas en secreto. Si cualquier empresa usase los mismos argumentos que las farmacéuticas para pedir confidencialidad sobre sus contratos con la administración, estaríamos abonando aún más el terreno a la corrupción.

Este giro llegaría después de años defendiendo que el interés de toda la ciudadanía debe primar sobre los intereses privados de los laboratorios. En este tiempo han jugado un papel clave nuestro abogado y patrono Javier de la Cueva y Ángela Bernardo, subdirectora de Civio, que lidera nuestras investigaciones y lobby protransparencia en sanidad.

El buen trabajo y la insistencia tienen recompensa, sí, pero sin el compromiso y la generosidad de nuestros más de 1.700 socios y socias no podríamos estar dando la batalla para que el interés general prevalezca sobre las negociaciones opacas y las cláusulas de confidencialidad que exigen los laboratorios, que han tenido la sartén por el mango durante años.

Gracias por estar a nuestro lado.