Ante la nueva consulta pública previa del proyecto de Reglamento de la Ley de Transparencia, hacemos pública la valoración de Civio, que hemos remitido a la Dirección General de Gobernanza Pública, sobre este proceso y nuestras aportaciones para mejorar dicho borrador:

Desde la Fundación Civio, lo primero que nos preguntamos es por qué se realiza esta consulta ‘previa’ ahora, en la segunda quincena de julio, verano a las puertas, con solo dos semanas para participar y sin conocer, más de dos años después, si la valoración que nos solicitó el Ministerio de Presidencia en 2015 sobre el borrador del Real Decreto de aprobación el Reglamento de la Ley de Transparencia ha servido para algo. ¿Alguien ha estudiado nuestras recomendaciones? ¿Se han tomado en consideración? ¿Podemos saber cuáles sí y cuáles no?

El marco de implantación de la transparencia no es el mismo que en 2015. Las instituciones aplican de forma irregular la ley, generando inseguridad jurídica debido al vacío normativo. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, ha remplazado al Ministerio de Presidencia en la preparación de este reglamento. No obstante, la administración es la misma con la que tratamos de colaborar hace dos años en la mejora de este reglamento. Por eso, nos gustaría conocer su opinión sobre las recomendaciones que nos solicitaron. Y, a partir de ahí, colaborar de nuevo ahora. Por entonces, ni siquiera recibimos respuesta a nuestras propuestas.

Es más, desde Civio consideramos un despropósito que se plantee siquiera el no desarrollo reglamentario. Un reglamento rector para la aplicación diaria de la ley es absolutamente imprescindible. Según avanza la implementación no reglamentada de la ley, esto se hace cada día más patente.

Desde Civio pedimos a la Dirección General de Gobernanza Pública que presente un nuevo documento de trabajo, incluyendo su consideración de las recomendaciones realizadas por la sociedad civil, y que clarifique qué calendario y qué proceso va seguir a partir de esta consulta ‘previa’. En su momento manifestamos, e insistimos ahora, en que este proceso debe ser puesto en consideración de la ciudadanía en general mediante un proceso formal de consulta pública, más abierto, que permita que todos podamos participar aportando ideas con tiempo suficiente y mayor confianza en que éstas que sirven para algo. Las organizaciones de la sociedad civil no trabajamos para el Gobierno, colaboramos en toda la medida de nuestras posibilidades para tener la mejor ley posible y que se aplique de forma óptima y eficaz. Y si nosotros colaboramos con el Ejecutivo, esta relación requiere bidireccionalidad. Sin ella, el proceso nace pervertido. Queremos tomar parte en él, pero no lo haremos a ciegas.

La apertura de esta consulta previa reabre viejas dudas. ¿Se van a incorporar al reglamento los procedimientos necesarios para reducir al arbitrariedad en los tiempos de respuesta que afectan al derecho de acceso (delimitando un tiempo máximo de garantía entre que se realiza la solicitud y ésta llega al órgano competente? ¿Existe intención de concretar el significado de “reelaboración de información” como motivo para denegar una respuesta y otras excepciones al derecho de acceso que siguen siendo demasiado ambiguas? ¿Se va a reglamentar la ley siguiendo los criterios que introduce el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o se va a hacer caso omiso al ente que vela por el correcto cumplimiento de la misma? ¿Se va a dotar de capacidad al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para evitar los continuos casos judiciales que frenan el derecho de acceso, suponen un gasto de fondos públicos y enmarañan la confianza de los ciudadanos en las instituciones?

Estas son las claves que creemos que se deberían tener en cuenta de cara al nuevo borrador, además de todas las recomendaciones que trasladamos en 2015 y que, de nuevo, les remitimos.

Un saludo

Fundación Civio