Tres años de El Indultómetro: de poner número a los indultos a lograr incidir en cómo se usa esta prerrogativa

Por Publicado el April 20, 2016 0 Comentarios

El BOE del pasado 19 de marzo nos deparaba una sorpresa. Aunque éstas son frecuentes en el boletín, como saben los lectores de El BOE nuestro de cada día, las sorpresas relativas a indultos, esa figura de uso ‘excepcional’ que se basa, con apenas retoques, en una ley provisional de siglo y medio de antigüedad, no lo son tanto. Por primera vez, el Gobierno proporcionaba alguna información sobre los motivos que llevaban a conceder el indulto a una serie de condenados al comienzo de la Semana Santa.

Sin entrar en los detalles de cada caso particular, el Gobierno mencionaba alguna serie de razones, o una combinación de ellas: si los informes del centro penitenciario son muy favorables, el avanzado cumplimiento de la condena, las circunstancias personales del condenado, la carencia de antecedentes penales, la antigüedad de los hechos o la conformidad de la víctima. Sí, las mismas causas se repiten de uno a otro de los 13 indultos de marzo, pero nunca hasta ahora habíamos tenido tal información. Como señalamos ese día, el Gobierno sigue sin aclarar si los informes del tribunal sentenciador son favorables o no a la medida. No es suficiente información, pero se trata de un avance. En esta materia, no son fáciles de lograr. Pero en Civio hemos conseguido algunos.

Primero, los datos

“Todos los indultos desde 1996, clasificados en una web para el escrutinio ciudadano […] Confiamos en que tener más conocimiento público de este fenómeno sea un primer paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas que los ciudadanos demandamos”.

(Comunicado de lanzamiento de El Indultómetro, 11 de febrero de 2013)

Los indultos se han concedido de forma masiva en los últimos años, pero eso lo hemos podido demostrar hasta fecha muy reciente. Teníamos información individualizada a través de las disposiciones del BOE, pero nada parecido a una perspectiva global ni detallada. El Indultómetro vino para cambiar eso.

Desde febrero de 2013, hemos:

  • Proporcionado a la ciudadanía en general una herramienta que permite buscar de una manera fácil y rápida los indultos concedidos según el tipo de delito, comparar los datos anuales y valorar el uso que los distintos gobiernos han hecho de esta prerrogativa.
  • Informado de que entre los 20 indultos más rápidos concedidos entre 1996 y 2013, destacaban 10 condenados por malversación de caudales públicos, secuestro y/o detención ilegal relacionados con los GAL. Todos ellos habían sido indultados en 1998, tan solo 147 días después de que se dictara su sentencia.
  • Demostrado que los delitos contra el medio ambiente, delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual, prevaricación de funcionarios públicos y malversación suman los porcentajes más altos de medidas de gracia por condenas. Tres de esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo público o la sustracción de dinero de las arcas de las administraciones.
  • Controlado a los poderes públicos. Cuando el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó que nunca había indultado a un corrupto, El Indultómetro permitió verificar esas declaraciones y demostrar inmediatamente su falsedad, llevando al ministro a matizar sus palabras.
  • Reflejado casos especialmente sonados como el de Gabriel Arias-Salgado (aprobado en un Consejo de Ministros en el que estaba su hermano Rafael), el indultazo del fin de milenio (más de 1.300 indultos de una tacada, entre ellos el de Javier Gómez de Liaño), el del banquero Alfredo Sáenz, el doble indulto a cuatro mossos d’esquadra o el del Guardia Civil que grabó con su móvil una agresión sexual.
  • Seguido de cerca la batalla del Poder Judicial contra la arbitrariedad de los indultos. Primero, cuando el Supremo tumbó una parte del indulto concedido in extremis por el gobierno de Zapatero al exconsejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. Después, cuando echó atrás también el indulto al llamado kamikaze de Valencia. El tribunal esgrimió que el decreto no señalaba “las razones de justicia, equidad o utilidad pública” exigidas en la ley. Desde entonces, los indultos aprobados incluyen esa coletilla. El tercer round llegó cuando el Supremo tumbó el indulto –que adelantó El BOE nuestro de cada día– a Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas y propietario de una empresa de seguridad que ha recibido, en los últimos años, jugosos contratos públicos.
  • Destacado en informes como Changing What Counts: How Can Citizen-Generated and Civil Society Data Be Used as an Advocacy Tool to Change Official Data Collection? de la Open Knowledge y CIVICUS DataShift. El Indultómetro es un caso destacado de “base de datos generada por la sociedad civil que ha sido utilizada con éxito como herramienta de incidencia pública para obtener un reconocimiento institucional de la falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a los perdones oficiales”.
  • Proporcionado a los medios de comunicación datos precisos para informar sobre esta medida de gracia. Así, desde el lanzamiento de El Indultómetro, el proyecto ha generado más de 200 impactos en prensa desde su lanzamiento.
  • Alimentado estudios académicos de Derecho y Criminología, como Pardon does not forgive democracy: econometrical analysis of pardons in Spain, publicado en Hacienda Pública Española/Review of Public Economics, de Jiménez, J.L. y Abreu, J.
  • Hemos sido muy transparentes con nuestra metodología y las posibles causas de que los datos del Ministerio de Justicia no siempre coincidan con los nuestros.
  • Y, en los últimos meses, hemos compartido con los principales partidos una propuesta destinada a reducir la opacidad en el uso de esta medida y fortalecer de paso la separación de poderes. Ya no nos conformamos con aportar datos fehacientes donde la Administración callaba y fallaba al ciudadano. Pedimos una reforma completa de la Ley del Indulto. Borrón y cuenta nueva. Esta propuesta encontró un hueco irregular en los diferentes programas electorales el pasado 20 de diciembre. Hoy, seguimos vigilando para que sus promesas mejoras y, sobre todo, se cumplan.

La presión pública y el acceso a datos hacen efecto

 Sabemos que este trabajo ha ido calando, no nos cabe duda. La presión popular, engordada por decenas de indultos polémicos y posible gracias al acceso por primera vez a datos, ha conseguido que el Gobierno sea mucho más cauteloso ante el uso de esta medida. 

La tendencia, un descenso drástico en el número de concesiones, no deja lugar a dudas: desde que nació El Indultómetro y empezamos a monitorear estas cifras, a principios de 2013, la cifra de concesiones ha bajado significativamente significativa. De 534 en 2012 a 204 al año siguiente, 87 en 2014 y 75 en 2015, la cifra más baja desde 1996. Hemos pasado de un indulto y medio al día (esa es la media entre 199 y 2015) a uno y medio a la semana.

resumen-1996-2015

No somos lo únicos que lo decimos. Nos lo han confirmado periodistas a quienes, tras llamar al Ministerio de Justicia para recabar datos sobre indultos, los propios funcionarios han remitido a la web de El Indultómetro.

Nos lo han confirmado también juristas y expertos en Derecho Premial que conocen nuestro trabajo. Por ejemplo, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que invitó recientemente a Eva Belmonte, responsable del proyecto, a analizar junto a un catedrático de Penal y al director de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia la figura del indulto.

Y también nos lo confirma la transcripción de la entrevista que Darío Badules ha realizado a Juan Bravo Rivera, subsecretario de Justicia entre enero de 2012 y octubre de 2014, para su trabajo final de carrera (“Los indultos en el marco de la política penitenciaria en España”). En ella, Bravo reconoce que, en su opinión, la atención mediática sobre la figura del indulto no se debe a que el Ministerio de Justicia haya “hecho nada raro” o “porque haya habido dos o tres casos más mediáticos, sino porque ahora mismo tienes El Indultómetro, que no existía” y “redes sociales de transparencia”. “Ahora mismo hay muchos espacios de gestión pública que antes se tramitaban poco, discretamente, y ahora hay más transparencia y más foco mediático expuesto por ellos”, añade.

Hoy tenemos los datos, pero aún no contamos con la palanca que permitiría que quienes conceden o declinan un perdón tengan que rendir cuentas por ello. La ley sigue eximiendo a las autoridades de tener que dar cualquier argumento pormenorizado de la concesión o denegación de un indulto.

Desde Civio, seguiremos poniendo los datos a disposición de todo el que quiera usarlos y haremos llegar nuestros argumentos y propuestas a todos los actores con capacidad de decisión. Todo, con el fin último de lograr que quienes tienen potestad sobre esta medida tengan también la obligación de rendir cuentas por sus decisiones.

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