Civio insta a los partidos a enmendar la Ley de Contratos Públicos con un regulador independiente y más transparencia

Por Publicado el December 12, 2016 1 Comentario
  • En un informe y mediante reuniones con los grupos parlamentarios, pide la creación de un organismo independiente y sancionador para vigilar las irregularidades en contratación
  • Reclama que se amplíe la información de los perfiles del contratante y que incluya los informes que justifican las bajas temerarias y las modificaciones y el contenido de las ofertas

La Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones, reclama a los grupos parlamentarios que enmienden el proyecto de Ley de Contratos de Sector Público, que tramita de urgencia el Congreso, para mejorar la transparencia efectiva de la contratación pública en España e incorporar medidas anticorrupción de control y vigilancia eficaz.

La semana pasada, Civio reclamó a los grupos parlamentarios que lleven el debate sobre la reforma de esta ley, tan importante para frenar el constante goteo de casos de corrupción vinculados a la contratación pública, de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas al pleno del Congreso. Ahora, tras analizar a fondo las directivas europeas, el borrador de anteproyecto que se presentó hace año y medio, la última proposición de ley del PP y el proyecto de ley, Civio está manteniendo encuentros con los principales grupos para compartir un conjunto de medidas e incorporarlas a la tramitación de esta reforma.

La Fundación Civio defiende en un informe pormenorizado del proyecto de Ley de Contratos de Sector Público la necesidad de impulsar la creación un organismo de regulación independiente y con capacidad sancionadora, que no dependa de un ministerio, para vigilar la contratación pública de forma avanzada, sistemática y con los medios suficientes para ejercer esta importante tarea.

El proyecto de ley propone que sea la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el organismo encargado de fiscalizar la contratación y de comunicar a Europa los informes pertinentes. “Consideramos un error que se encargue una tarea esencial a un ente dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública y no se le asignen medios para llevarla a cabo”, afirma Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “No existe un organismo encargado de realizar una vigilancia específica de la contratación pública de forma constante, como ha criticado la propia CNMC, que se ha postulado para asumir esa tarea. La CNMC tiene responsabilidades en temas de competencia, y el Tribunal de Cuentas fiscaliza de forma parcial algunos contratos, pero ninguno realiza una vigilancia total y sistemática de la contratación, algo esencial para detectar irregularidades”.

Civio reclama la creación de un organismo independiente, la Autoridad Independiente de Vigilancia de la Contratación, que asuma las funciones de vigilancia y control, además de las de comunicación con los organismos encargados en las CC.AA. y la Comisión Europea, como establece la directiva. Además, debería permitir denuncias de cualquier ciudadano, incluso anónimas, que ayuden a investigar irregularidades.

Toda la información, al alcance del ciudadano

En cuanto a transparencia de la contratación pública, la Fundación Civio pide ampliar la información disponible en los perfiles del contratante y a asegurar todos los documentos del proceso sean accesibles a cualquier ciudadano, y no solo a las empresas que concurran en procedimientos de adjudicación.

Entre la información que Civio insta a abrir por defecto está toda la relativa al proceso de adjudicación: del procedimiento seguido para su adjudicación y la justificación del uso del mismo a los nombres de los participantes en las mesas. También reclama que los ciudadanos puedan conocer el número de licitadores participantes, su identidad y las ofertas presentadas; los motivos que justifican su elección; los nombres de los candidatos excluidos; las modificaciones de contrato y los informes completos de justificación, entre otra información.

Para hacer públicos estos datos, Civio reclama que se realicen tests de daño y, del mismo modo que está planteada formalmente la Ley de Transparencia, que la información sea pública por defecto, con excepciones razonables. Asimismo, pide que la información sobre contratos públicos no caduque, como sucede en muchos casos, en los que únicamente se puede acceder a expedientes en vigor, lo que impide el ejercicio de la rendición de cuentas.

En su análisis, Civio señala al menos cuatro ámbitos en los que el proyecto de ley que se está tramitando es peor que el anterior borrador del anteproyecto: en la obligaciones de publicidad de los contratos menores (el proyecto excluye aquellos inferiores a 5.000 euros de caja fija), en las obligaciones de publicidad de licitaciones, adjudicaciones y formalizaciones, en la fiscalización de los partidos políticos y en las modificaciones de contratos. En estos puntos, el anteproyecto establecía obligaciones de publicidad que se han recortado en el proyecto que el el Gobierno ha presentado en el Congreso, y que Civio propone revertir. En el caso del control a los partidos, el anteproyecto establecía que se excluían del ámbito de la norma los contratos relacionados con campañas políticas “en el contexto de una campaña electoral”, mientras que el nuevo redactado del proyecto que ha llegado al Congreso elimina este entrecomillado.

La fundación Civio recuerda, además, que el registro de licitadores no es público actualmente, y que el registro de contratos apenas contiene unos pocos indicadores que no permiten extraer ningún tipo de conclusión significativa a la ciudadanía. Por ello, reclama que se garantice el acceso al primero (cuya inscripción es voluntaria) y se mejore la información del segundo.

Respecto a la transparencia de la Uniones Temporales de Empresas (UTE), Civio subraya que, mientras los datos de creación de cualquier otro tipo de sociedad son públicos en el Registro Mercantil, los de las UTE, que se crean expresamente para contratar con la administración, permanecen ocultos. El Registro de las UTE del Ministerio de Hacienda no es público, lo que hace imposible saber en la mayoría de casos qué porcentaje tiene cada empresa en la unión e, incluso, quiénes son las empresas participantes.

ACCEDE AL DOCUMENTO COMPLETO: Cómo mejorar el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Propuestas de Civio.

(1) awesome folk have had something to say...

Deja un comentario